El derecho de acceso a la información
sobre medio ambiente

Esta información ha sido extraida de la Guía práctica sobre "El derecho de acceso a la información sobre medio ambiente", realizada por AEDENAT y Stichting Natuur en Milieu. (Con autorización de divulgación)

El Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea adoptó el 7 de Junio de 1990 la Directiva sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente. La Directiva obligaba a cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) a promulgar las leyes, reglamentos y demás disposiciones internas necesarias para que el cumplimiento de la misma resultase efectivo a partir del 31 de Diciembre de 1992 (Art.9). En España no se cumple esta obligación haste el 12 de Diciembre de 1995 con la aprobación de la Ley 38/1995 sobre el Derecho de Acceso a la Información en materia de Medio Ambiente. Esta Guía intenta dar a conocer a los ciudadanos qué información pueden solicitar, quién está obligado a facilitarla, cómo solicitarla, y qué se puede hacer en caso de que sea denegado el acceso.

La trasposición en el Estado español

Casi tres años después de que expirase el plazo otorgado a los Estados para trasponer la Directiva 90/3I3/CEE se aprueba en España la Ley 38/1995, de 12 de Diciembre, sobre el Derecho de Acceso a la Información en materia de Medio Ambiente.

En el largo proceso seguido para llegar a su aprobación se han sucedido un borrador de anteproyecto, un proyecto de ley, una proposición no de ley y lo que es aún más significativo, un procedimiento de infracción abierto par la Comisión europea contra el Estado español por trasposición inadecuada de la Directiva.

Al tratarse de normativa ambiental, las Comunidades Autónomas podrán dictar normas específicas en desarrollo de la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información en materia de Medio Ambiente.

Hay que tener en cuenta que solamente los dos primeros artículos de la Ley son considerados legislación básica. Estos artículos se refieren a la definición del derecho de acceso a la información y a su ámbito de aplicación. El resto de los artículos referidos a: causas de excepción, resolución de las solicitudes, soporte material de la información y difusión no son legislación básica y podrán par lo tanto, ser modificados por la legislación de las Comunidades Autónomas.

Así pues, cuando se solicite información ambiental sobre cuestiones de competencia autonómica será de aplicación la normative específica que se haya dictado en cada Comunidad Autónoma, y en el caso de que no exista, será de aplicación la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información en materia de Medio Ambiente.

Hasta el momento de redacción de esta guía, solamente en Murcia se ha dictado una norma desarrollando la Directiva 90/3I3/CEE. El 8 de Marzo se aprobó la Ley I/1995 sobre Protección del Medio Ambiente en la Región de Murcia cuyo Título VI se dedica a la Información y Participación Pública. Curiosamente, en Murcia se produjo la trasposición de la Directiva con anterioridad a la trasposición estatal. Así pues, cuando en Murcia se solicite información que esté en poder de la administración autonómica, será de aplicación la ley autonómica en vez de la ley estatal.

Se debe señalar también que la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común es legislación supletoria de la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información en materia de Medio Ambiente. Lo que quiere decir que para todo lo no establecido en la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información en materia de Medio Ambiente será de aplicación la de Régimen Jurídico de Las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A pesar del tiempo transcurrido, la trasposición que efectúa la Ley estatal resulta inadecuada en diversos aspectos: personas que pueden solicitar la información ambiental, silencio negativo en caso de no contestación, excepciones, coste etc., por lo que ya se han interpuesto diversas quejas ante la Comisión europea, aunque a la fecha de elaboración de la Guía no se ha abierto ningún procedimiento de infracción contra el Estado español por este motivo.

A continuación se hace referencia a la regulación establecida por la Directiva y por la Ley estatal sobre el Derecho de Acceso a la Información en materia de Medio Ambiente que la traspone.

El objeto de la Directiva

E1 objeto de la Directiva es proporcionar a todas las personas físicas o jurídicas el acceso a la información sobre el medio ambiente que se encuentre en poder de las autoridades y establecer los términos básicos y las condiciones en que dicha información debe encontrarse a disposición de los posibles peticionarios.

Por su parte, la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información en materia de Medio Ambiente tiene por objeto incorporar al derecho español la Directiva y garantizar la libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente, así como la difusión de información ambiental.

¿Qué se entiende par información sobre el medio ambiente?

La Directiva se refiere a todo tipo de información sobre el medio ambiente. Esto incluye información sobre el estado del agua, del aire, del suelo, del territorio, de la naturaleza, etc., al igual que información sobre las actividades o medidas adoptadas para proteger esos elementos, incluyendo Las actuaciones de la Administración y los programas de gestión ambiental (Art.2.a).

La Ley recoge literalmente el mismo concepto establecido por la Directiva y menciona expresamente los planes o programas de gestión del medio ambiente y las actuaciones o medidas de protección ambiental (Art. 2.I.).

A continuación incluimos una lista de materias sobre las que, en principio al menos, puede requerirse información. La lista no es exhaustiva y se basa en una mucho más extensa elaborada por B. Gebers, del Öko­Institut de Darmstadt, Alemania, publicada en el boletín del Enviromental Law Network International (ELNI) n° I/93.

  • emisiones a la atmósfera
  • vertidos en el agua (superficial o subterránea)
  • producción de ruidos
  • generación de residuos
  • utilización o almacenamiento de residuos
  • extracción de aguas subterráneas
  • consumo de agua potable
  • uso de agua no potable
  • volumen del tráfico rodado
  • contaminación de los suelos
  • consumo de energía
  • producción de energía
  • solicitud y otorgamiento de licencias
  • uso de los recursos energéticos
  • incineración
  • transporte de sustancias tóxicas y peligrosas
  • accidentes o incidentes con sustancias contaminantes
  • zonas contaminadas
  • emisión de radiaciones o sustancias radiadivas
  • planes de ordenación territorial
  • licencias de construcción
  • licencias de producción de fertilizantes
  • usos de lodos de depuradoras
  • licencias de producción de pesticidas
  • proyectos de construcción de carreteras, presas, etc.
  • proyectos financiados por Los Fondos Estructurales

¿En qué forma se puede recibir esa información?

La Directiva se refiere a la información relacionada con el medio ambiente disponible en cualquier forma, lo que comprende información contenida en documentos, informes, cartas, etc., pero también la contenida en fotografías, imágenes de satélite, grabaciones de audio, o tratada por ordenador y almacenada en bases de datos. (Art.2.I.a).

De la misma forma, la Ley habla de información bajo cualquier forma de expresión y en todo tipo de soporte material (Art. 2.I). Además, establece en su Art. 5.I que la información será suministrada a la persona solicitante en el soporte material que ésta haya elegido de entre los disponibles.

¿Quién puede pedir información?

La Directiva otorga el derecho a cualquier persona para poder pedir y recibir información relacionada con el media ambiente que se encuentre en manos de cualquier autoridad competente de un Estado miembro de la UE. Cualquier persona física o jurídica puede hacer una solicitud (Art.3.I). Es decir, tanto las personas como las asociaciones y organizaciones de cualquier nacionalidad.

La Ley sin embargo es más restrictiva a este respecto, ya que especifica en su artículo primero que el derecho a solicitar información sobre medio ambiente sólo se reconoce a:


¿Qué se entiende par autoridad competente?

La Directiva entiende por autoridad competente cualquier ente público estatal, autonómico o de la administración local con responsabilidad y posesión de información sobre el medio ambiente. La única excepción al respecto la constituyen los órganos que actúan con facultades legislativas o judiciales. Así, los tribunales de justicia, el parlamento estatal o los autonómicos y los ayuntamientos pueden, en ciertas ocasiones, salirse del campo de aplicación de la Directiva, pero sólo cuando unos y otros actúen en uso de esas facultades judiciales o legislativas.

La Ley se remite para ésta cuestión al art.2 de la Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en el que se enumeran:

Como puede observarse, el ámbito de las autoridades obligadas es más restrictivo en la Ley que en la Directiva, puesto que a tenor de la misma, por ejemplo, no puede solicitarse informaciones ambientales en disposición de una asamblea legislativa autonómica o del Parlamento aun cuando tal información proviniese de los trabajos de una comisión de investigación. Así mismo, según el tenor de la Ley, los órganos de la Administración de Justicia (Juzgados, Tribunales y Consejo General del Poder Judicial) no tienen obligación de proporcionar información, pese a que según la Directiva cabría entender que en ciertos casos sí.

¿Están obligados a proporcionar información los entes privados con responsabilidades públicas?

En la Unión Europea existe una tendencia, más acusada en unos países que en otros, a delegar responsabilidades públicas importantes en entidades privadas o semipúblicas. Así, no es extraño ver que la gestión de residuos, por ejemplo, sea encomendada por contrata a una empresa privada. La Directiva determine que la información relacionada con el medio ambiente en poder de ese tipo de entidades también debe estar a disposición del público, como si de información en poder de las autoridades competentes se tratase, ya que aquellos antes están bajo control de la Administración (Art.6).

La Ley establece en su Art.2.2 que los empresarios individuales o sociales que gestionen servicios públicos quedan obligados a facilitar la información relativa al medio ambiente que la Administración titular del servicio les solicite. Esto quiere decir que los ciudadanos tendrán que dirigir sus solicitudes de información respecto de ese servicio no a las propias empresas sino a las administraciones titulares del servicio, para que éstas a su vez recaben la información de la empresa y nos la faciliten.

¿Se necesita exponer las razones que nos mueven para pedir la información?

La Directiva establece que no. Una persona puede hacer su solicitud sin tener que aducir ni probar el interés que le mueve (Art.3.I). La persona solicitante no necesita exponer o demostrar qué razón o propósito le motivan a demandar la información que solicita.

De la misma forma, la Ley 38/1995 dice que el derecho de acceder a la información ambiental se ejercerá sin obligación de acreditar un interés determinado (Art. I).

¿Cómo se hace una solicitud?

La Directiva deja que sean los Estados miembros los que establezcan las disposiciones prácticas a cuyo tenor la información ha de ponerse a disposición de los peticionarios (Art.3.1). De esta manera, habrá diferencias entre los quince Estados miembros, y es posible incluso, que dentro de un mismo Estado haya diferencias entre las disposiciones prácticas que se apliquen a nivel estatal, autonómico y local.

En el Estado Español, como ya se ha indicado anteriormente, es de aplicación a este respecto la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información en materia de Medio Ambiente. En ella no se regula expresamente cómo deba realizarse la solicitud, aunque si deja claro en su artículo I que la persona solicitante no tiene obligación de acreditar ningún interés determinado, por lo que no es necesario que en tu solicitud expreses para qué quieres los dates o informaciones que pides.

De todas maneras, la Disposición final primera de la Ley establece la aplicación supletoria, para todo lo no establecido en la misma, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Pues bien, en el art. 70.I de esta última se establece el contenido mínimo de toda solicitud :

La ausencia de cualquiera de estos requisitos puede ser causa de inadmisión de la solicitud, así que no los olvides.

Además de lo anterior, podemos recomendar unas líneas generales sobre cómo hacer una solicitud:

  1. Sé especifica en tu solicitud. Comienza por determinar qué información deseas obtener y, dentro de lo posible, descríbela de forma clara y complete. Así, si estás interesado en una fecha concreta, indica cual es; si te interesa una determinada área geográfica, haz constar esa zona o región. Recuerda que cuanto más precisa sea tu solicitud, más fácil le resultará al/la funcionario encargado localizar los documentos que buscas y, probablemente, recibirás la información más pronto. Es más, una solicitud que haga una descripción muy vaga o genérica de la información requerida podría llevarte a obtener información de un volumen mucho mayor que el que deseas y puede incluso, que te resulte más costosa. Y ten en cuenta que la Ley establece que una solicitud claramente abusiva o demasiado general puede ser rechazada (Art. 3.3).

    La Ley 30/1992 establece que junta con la solicitud puedes aportar cualquier elemento que te permita precisar los datos, a su vez crea la obligación correlativa de la Administración de admitirlo y tenerlo en cuenta.

  2. La solicitud debe o ser dirigida al ente público que tenga la información que estás buscando. Esto, seguramente, hará necesario algún trabajo preliminar, por ejemplo: llamadas telefónicas o cartas para determinar cual es la autoridad competente que con mayor probabilidad cuenta con la información que persigues. Cuando te sea difícil identificar cuál es la autoridad competente que tiene la información que buscas, puede ser aconsejable dirigir la solicitud a cada una de las que puedan tenerla, indicando en la misma a que otros antes ha sido enviada esa solicitud. Ten en cuenta que dependiendo de la autoridad competente ésta se regirá par la ley estatal o por la autonómica que haya podido establecerse.

  3. Finalmente, debes especificar que la solicitud se está haciendo al amparo de la Ley 38/1995 sobre el Derecho de Acceso a la Información en materia de Medio Ambiente y, en su caso, de la normativa autonómica de desarrollo.

  4. La solicitud puedes registrarla directamente en el órgano ante el que va dirigida, en cualquier otro registro de la Administración General del Estado o de las administraciones autonómicas, así como en las oficinas de Correos (aclárale al cartero que lo envías par correo certificado administrativo, tendrás que llevar el sobre abierto y el original y una copia que te devolverá sellada).

  5. Especifica la forma y manera en que deseas recibir la información. Indica si deseas una fotocopia o si prefieres inspeccionar los documentos. La información computarizada es posible recibirla electrónicamente, vía módem o vía disquete, si así lo solicitas.

  6. Ten en cuenta que todo lo dicho en este apartado sirve para el caso de que solicites información de cualquier órgano del Estado español, pero cuando un/a ciudadano español/a o que sin serlo tenga su domicilio aquí dirija su solicitud a otro estado de la UE tendrá que atenerse a lo que disponga su normativa específica.

  7. Cualquier administración tiene la potestad de disponer que estas peticiones se realicen sobre la base de un modelo oficial que ella misma determine. Cuando así sea, deberán facilitártelo y tu deberás usarlo.

Modelo de solicitud de información


Doña/Don. . ., con D.N I. n°. . ., y domicilio en. . ., (en su caso) actuando en nombre y representación
de ... (nombre de la asociación o entidad)..., EXPONE:

Que por medio del presente escrito viene a solicitar información en base a la Ley 38/1995, de 12 de
diciembre, sobre el Derecho de Acceso a la Información en materia de Medio Ambiente.

Siendo la/el ... (órgano o institución al que solicitamos la información) ... competente en materia de ...
(competencia que posee y por la que podemos solicitarle la información) . .., y de acuerdo con el art.1 de
la mencionada Ley, nos dirigimos a usted para pedirle ... (aquí hacemos mención de los documentos,
etc. que solicitamos, siendo lo más precisos posible respecto de la materia etc.) ...

Por todo lo expuesto, le rogamos que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y
resolverlo en el plaza de dos mesas que fija el art. 4n de la Ley 38/~995.

Justicia pedida en ..., a ... de ... de 199...

Fdo:

Nota: Es muy conveniente, aunque legalmente no estés obligado a ello, registrar tu solicitud en el organismo al que la diriges, o si la solicitud la efectúas por correo, hacerlo por correo certificado. Así, si te deniegan la información, se retrasan o no te dan exactamente aquello que pedías, podrás reclamar legalmente.

¿Existen razones para rechazar una solicitud?

La Directiva es clara en la determinación de que cualquier denegación ha de ser expresa y fundamentada en alguna de las excepciones que seguidamente enumera en una lista tasada.

La Ley establece que toda información relacionada con el medio ambiente debe ser proporcionada a cualquier persona que la solicite y que se encuentre dentro del ámbito subjetivo que vimos anteriormente (Art. 2), pero también establece un número limitado de excepciones específicas (Art.3) que recoge casi de forma literal de la Directiva. Así pues, el libre acceso a la información podrá ser legalmente rechazado en base a estas excepciones.

La Ley también recoge la obligación de motivar las resoluciones denegatorias; pero, sin embargo, establece al tiempo que el silencio administrativo (ausencia de toda contestación de la Administración) tiene los mismos efectos que la denegación expresa. Entendemos que éste es uno de los puntos en que la Directiva ha sido inadecuadamente traspuesta, con claro perjuicio para todas las personas, que en más de un caso se pueden ver jurídicamente indefensas, al estar obligadas a defender en tribunales el ejercicio efectivo de su derecho general de acceso a la información sin conocer las razones por las que éste se les impide.

Las excepciones

Si las autoridades te deniegan parcial o totalmente la información solicitada, han de hacerlo de forma motivada, es decir, sólo en aquellos casos en que la información requerida afecte a una más de las siguientes excepciones (Art.3.I y 3.3 de la Ley).

1 La información sobre actuaciones del Gobierno del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales, en el ejercicio de sus competencias no sujetas a Derecho Administrativo.

2 La información relativa a la investigación de delitos, cuando ésta pueda poner en peligro la protección de los derechos y libertades de terceros o las investigaciones en curso.

3 Los secretos industriales, comerciales y de la propiedad intelectual.

4 La información que afecte a la defensa nacional, a la seguridad del Estado o a las relaciones internacionales.

5 Los asuntos que hayan estado sujetos, o lo estén en la actualidad, a algún procedimiento judicial o administrativo sancionador, incluidas las diligencias o actuaciones previas o de carácter preliminar.

6 La confidencialidad de datos y de expedientes personales.

7 Los datos proporcionados por un tercero sin que éste esté obligado jurídicamente a facilitarlos.

8 Los datos cuya divulgación pudiera perjudicar al medio ambiente al que se refieren.

9 Los documentos o datos inconclusos y Las comunicaciones o deliberaciones internas.

10 Las peticiones manifiestamente abusivas.

1l Las solicitudes formuladas de manera demasiado general.

La Ley se limita casi a traducir las excepciones, necesariamente más genéricas, establecidas por la Directiva. La falta de definición y concreción que se produce con este tipo de trasposición restringe en la práctica el ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental. Se crea un amplio espacio para la arbitrariedad que lamentablemente, hasta ahora, se traduce en una interpretación restrictiva y no extensiva del precepto por parte de la Administración, menoscabando el derecho de acceso a la información ambiental.

Si la información requerida no es suministrada ¿tango derecho a conocer los motives?

Sí. La Ley, al igual que la Directiva, exige que deben darse a los peticionarios las razones por las que no se les proporciona la información solicitada (Art.4.2). Esto significa que el rechazo debe indicar bajo qué excepción o excepciones se justifica la denegación de esa información. Sin embargo, en contra de lo dispuesto por la Directiva, la Ley al tiempo que proclama esa obligación prevé, que si transcurridos dos meses desde que se presenta la solicitud no hay respuesta, ésta se entiende denegada. La Directiva exige que una denegación solo podrá producirse de forma motivada, y ello por que el reconocimiento del derecho de acceso a la información ambiental es el principio general y las denegaciones al ejercicio de dicho derecho son excepcionales por lo que habrán de motivarse. Lo dispuesto por la Ley a este respecto es además muy criticable puesto que, por un lado, significa de facto venir a autorizar la falta de contestación y, por otro, da ventajas a la administración que incumple la obligación de resolver de cara a un posible pleito. Y es que si nos contestan, aunque sea para decirnos que no, nos tienen que exponer las razones de la negativa con lo que nos están dando pistas muy útiles para decidir si iniciamos acciones legales y, en su caso, sobre cómo orientar la futura demanda.

¿Qué pasa si mi solicitud de información incurre parcialmente en alguna excepción?

En tales casos la Ley, siguiendo lo establecido por la Directiva, exige que la información sea suministrada parcialmente, siempre que sea posible separar la parte no protegida de la sujeta a alguna de las excepciones (Art.3.2 de la Ley).

Si la información incurre en alguna de las causes de excepción, la autoridad competente ¿debe rechazar la solicitud o admitirla?

Tanto la Directiva como la Ley establecen una lista tasada de posibles excepciones. Así pues, aún cuando la información incurra en alguna de las excepciones, la Ley faculta a la autoridad competente para que opte por emitir o no esa información. Se posibilita la negativa a facilitar la información ante cualquiera de las excepciones ­por ejemplo, para proteger la intimidad personal­ pero no se obliga a que se adopten todas y cada una de las causas de excepción.

Plazos

Según la Directiva, la autoridad competente debe responder a la solicitud de información lo antes posible, y a más tardar, dentro de los dos meses siguientes a la presentación de la solicitud. La Ley también establece que se contestará a las solicitudes en el plazo de dos meses. Esto no quiere decir que la información solicitada se reciba efectivamente en el plazo de dos meses, sino que en ese plazo sabremos si podemos acceder o no a la información. La Ley no establece ningún plazo máximo dentro del cual se deba recibir la información una vez que, dentro de los 2 mesas, se haya resuelto favorablemente nuestra petición de información. En países como Dinamarca y Holanda se han establecido plazos cortos para conocer si se va a acceder o no a la información solicitada (diez días), y en todo caso dicha información se recibe efectivamente en el plazo de dos meses.

Costes

La Directiva permite que los Estados miembros establezcan una tasa por proporcionar la información solicitada, mientras que ese precio no exceda de lo razonable (Art.5). Qué se entienda por coste razonable no ha sido definido, simplemente se especifica que la imposición de costes no podrá en ningún momento suponer un obstáculo al ejercicio del derecho de libre acceso a la información ambiental. Los costes pueden ser cargados por fotocopias o cualquier otro medio de reproducción de la información.

El Art. 5.2 de la Ley establece que el ejercicio del derecho de acceso a la información podrá dar lugar al pago del precio público, que pueda haber establecido la administración que suministre la información.

Tal y como se recoge en la Ley, no se menciona la disposición establecida por el Art. 5 de la Directiva respecto de que dicho "precio público" no será un obstáculo para el acceso a la información, es decir, no excederá un coste "razonable". Tampoco se contempla la posibilidad de que se adopten excepciones o de que se establezca un coste menor o nulo para las asociaciones u organizaciones que actúen en el campo ambiental. Aunque podría resultar de aplicación el Art. 25.2 de la Ley reguladora de las Tasas y Precios Públicos, que permite el establecimiento de precios públicos inferiores cuando existan razones sociales o de interés público que así lo aconsejen.

Cada administración podrá establecer un coste. Y no existe obligación de informar a los solicitantes con antelación del precio público que se les va a imponer por el suministro de la información solicitada.

Por último, se debe aclarar que puede llegar a exigirse depósito del importe y también aplicarse el procedimiento administrativo de apremio para el cobro del acceso a la información.


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