COMUNICADO DE PRENSA

DIVERSAS ORGANIZACIONES SOCIALES ENVÍAN AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
UNA CARTA CRÍTICA SOBRE LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL DE TRANSGÉNICOS

Reclaman una moratoria sobre productos transgénicos, la creación de un Consejo Asesor en Seguridad Alimentaria, el fortalecimiento del sistema público de investigación y control en seguridad alimentaria, y rechazan las patentes sobre la vida

Madrid, 12 de enero de 2000

Diversas organizaciones agrarias, sindicales, ecologistas, de consumidores y de solidaridad con el Sur (UPA, UGT, CC.OO., Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Asociación Vida Sana, CECU y ACSUR-Las Segovias) han dirigido hoy al Presidente del Gobierno una carta para manifestarle su preocupación por la política gubernamental sobre cultivos y alimentos transgénicos.

Exigen la aplicación estricta del principio de precaución a la ingeniería genética por parte del Gobierno y las instituciones de la Administración, de manera que se asuman como mínimo las inquietudes que mantienen la mayoría de Gobiernos de la Unión Europea; lo cual parece tanto más imperativo cuando España es, con abultada diferencia, el país de la UE con mayor superficie de cultivos transgénicos sembrados. También reclaman un debate democrático sobre transgénicos con plena transparencia en la información pública, y garantías para que se oigan todas las voces (incluyendo a las más críticas), debate para el cual no se han dado hasta ahora las condiciones suficientes; y denuncian la marginación existente en la actualidad en cuanto a la participación de las organizaciones de diferentes ámbitos sociales.

Valoran negativamente la actuación, tanto de los negociadores de la Comisión Europea como del Gobierno español en las negociaciones de Seattle en cuanto a los organismos transgénicos (OMG), ya que no se tuvieron en cuenta ni las posturas del Parlamento Europeo ni el acuerdo previo de los Gobiernos de la UE, en el sentido de anteponer la cuestión de la seguridad alimentaria a los intereses puramente comerciales. La concesión inicial de la Comisión Europea de acceder a incluir los OMG en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) supone haber negociado esta polémica cuestión sin tener un mandato expreso y en contra de la mayoría de la opinión pública europea y de los Gobiernos de la UE.

En su carta, las organizaciones sociales reclaman al Gobierno que actúe en base a los siguientes puntos:

1- Considerando por un lado la postura mantenida por el Gobierno en Seattle y por otro las próximas reuniones previstas con carácter internacional, se pide que el Gobierno explique sin ambigüedades a la sociedad su posicionamiento en cuanto a los alimentos transgénicos.

2- La cuestión de los alimentos transgénicos no debe negociarse en el seno de la OMC, sino en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a partir de la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, estableciendo un Protocolo vinculante de Bioseguridad. Desde el Gobierno se debería defender esta posición.

3- En ningún modo deben prevalecer los intereses comerciales frente a la salud pública, la seguridad alimentaria y la defensa del medio ambiente en materia de OMG. Este es uno de los pilares que, en opinión de las organizaciones sociales, debería mantener el Gobierno para cualquier negociación de carácter internacional sobre los productos alimenticios.

4- Piden una concreción sobre la postura del Gobierno en materia de patentes sobre organismos vivos.

5- Han de arbitrarse mecanismos que permitan una mayor transparencia en cuanto a la información y debate en materia de OMG.

Estas ocho organizaciones comparten las cuatro reivindicaciones siguientes, que serían la base de una política sobre transgénicos en nuestro país más acorde con el respeto del principio de precaución y la práctica de la democracia:

    1. Moratoria en la autorización, importaciones y producción de OMG condicionada a la aprobación de un Protocolo vinculante de Bioseguridad y a que se pongan en marcha una serie de mecanismos que incorporen el principio de precaución en materia de OMG.

    1. Creación de un Consejo Asesor en Seguridad Alimentaria con carácter consultivo, en el cual estén representados tanto las Administraciones vinculadas como las organizaciones sindicales, agrarias, de consumidores, ecologistas, etc., representativas de la sociedad, la industria agroalimentaria y la universidad o centros públicos de investigación. A dicho Consejo estaría vinculada la Comisión de Bioseguridad, del cual también formaría parte.
    2. Rechazo a la extensión del derecho de patentes sobre organismos vivos.
    3. Fortalecimiento del sistema público de investigación y control en seguridad alimentaria y en biotecnología con el objeto de paliar su escasa implantación con respecto a la investigación privada y el escaso grado de control público actual en relación a los OMG.